La decisión de otorgar al conflicto un extrema prioridad y disponerse al uso de la fuerza para resolverlo se forja en el seno de la Junta Militar, en el marco de los acuerdos entre Galtieri y Anaya (y secundariamente Lami Dozo) para desplazar a Viola. Ellos formularon su estrategia sobre la base de un diagnostico que maduro rápidamente. Pero necesitaban de una figura emblemática que encarnara la ideología del territorialmente con un convincente sustento intelectual, y lo encontraron en Nicanor Costa Méndez. (...)
Lo cierto es que para el establishment politico de Gran Bretaña, la retorica pro isleños se fundaba en valores y motivaciones tan autenticos y genuinos como aquellas que inspiraban al territorialismo argentino. Pero no es menos cierto que los gobiernos ingleses encontraban crecientes dificultades para acompañar la retorica con el desarrollo economico o la defensa de las islas. La tendencia, claramente, era una gradual retirada de la región.
La lógica indicaba que la mejor opción argentina era facilitarle las cosas a los sectores ingleses favorables a una negociación, despejando de obstáculos el proceso por el cual las alteraciones estratégicas más amplias terminarían de hacerse sentir. La hipótesis de que como hasta entonces los ingleses no habían cedido la soberanía de las islas, entonces no lo harían nunca, carecía de fundamentos. Pero la tarea de despejar el camino necesitaba dos pilares fundamentales: tiempo y un cambio sustancial en la actitud argentina hacia los pobladores del archipiélago. Existía ademas una incompatibilidad básica entre esa tarea y la presencia de una dictadura en la Argentina.
Como sea, el camino más prometedor para la Argentina podía rendir frutos sólo en el largo plazo, jugando a favor de las tendencias generales que encuadraban el conflicto en la política británica, proporcionando incentivos a los negociadores y desalentando a los indispuestos con la negociación. Y, sobre todo, reconociendo que la cuestión de los isleños no era un mero pretexto e involucraba principios bien enraizados tanto en la política inglesa como en el derecho internacional. Una declaración en el sentido de que los deseos de los isleños serían respetados habría sido muy rendidora.
Pero la diplomacia argentina no lo entendió así. Nótese que la resolución 2065 (que ni siquiera Gran Bretaña había votado en contra), y las buenas disposiciones inglesas inmediatamente ulteriores, tuvieron lugar durante un periodo constitucional en la Argentina. Desde entonces hasta 1980, la Argentina padeció creciente inestabilidad politica y prolongados periodos dictatoriales. Se podía entender que los 1800 isleños, que más allá de los intereses defendidos por el "lobby de las Falklands" se consideraban súbditos británicos, no tenían el más mínimo deseo de vivir bajo un régimen dictatorial, igual que buena parte de los argentinos. Sólo que, a diferencia de éstos, podían evitarlo exigiendo de los partidos ingleses que limitasen el alcance de las negociaciones. Y esos partidos se inclinarían a hacer lo que se les pedía, al menos mientras no resultara excesivamente caro.
Llama profundamente la atención en todo esto la tesitura de las elites argentinas, para las que los isleños eran apenas un molesto detalle; se decía que se respetarían "los intereses de los isleños", pero no sus deseos. Más allá de lo complicado de la distinción entre intereses y desos, la pregunta de cómo podría ser respetado el interés de un isleño de no vivir bajo una dictadura nadie se la hacía. Porque en verdad la cuestión de la democracia no parecía tener la menor conexión con la soberanía en las Malvinas. Esto no podía ser de otra manera, no sólo para militares, sino también para muchísimos civiles, para quienes el asunto Malvinas estaba compuesto por una y sólo una dimensión importante, el territorio.
Marcos Novaro y Vicente Palermo (2003), La Dictadura Militar 1976-1983, Buenos Aires, Paidós, 2003, pp. 412-414